Una quincena virtuosa ha recibido al gobierno de Sebastián Piñera. La defensa de la posición de Chile en la Haya, si bien ha tendido a monopolizar la agenda noticiosa, también genera un gran sentimiento de unidad nacional. Por otra parte, la invitación al diálogo y a los consensos efectuada por el Mandatario ya obtuvo un primer éxito: la aprobación del proyecto impulsado por la Democracia Cristiana en la Camara Baja para generar acuerdos con el Ejecutivo en 5 grandes temas. En el ámbito económico, la publicación del Banco Central del Informe de Política Monetaria donde la proyección del aumento de la inversión creció de 3,1% a 3,6% y la proyección del PIB sube a entre 3% y 4% para el año en curso, con sesgo al alza, le da a los buenos augurios para el gobierno bastante solidez. Si a lo anterior sumamos una semana de cierre del período Bachelet para el olvido, casi por mera comparación, el saldo resulta positivo para la actual Administración. No obstante, la política suele tener su propia dinámica y presentar dificultades que desafían permanentemente las habilidades del Ejecutivo. Es el caso de la solicitud del Presidente a sus aliados de contar prontamente con una Ley de Identidad de Generó que provocó los primeros roces internos en Chile Vamos, donde la Presidenta de la UDI amenazó con acudir al Tribunal Constitucional de incluirse a los menores de edad en el cambio registral. Por su parte, RN expresó molestias con el Ejecutivo por la urgencia que éste pondría al Proyecto de Migración, lo cual no habría sido conversado en la cita de Cerro Castillo. “Se supone que nos van a avisar antes de estar haciendo anuncios”, señaló Mario Desbordes, en una clara advertencia de que no habra cheque en blanco en el tipo de relación que espera el oficialismo por parte del Ejecutivo. Ello constituye la primera alerta para un gobierno que ha manifestado su deseo de instalar su sello con prioridad en lo social, cuestión que nunca ha estado en la agenda histórica de la derecha chilena.

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Clave1: EL DESAFIO DEL “SELLO SOCIAL”. A diferencia de lo ocurrido en la primera vuelta presidencial, para la segunda vuelta el equipo de campaña del Presidente Sebastián Piñera afinó la puntería hacía un votante esquivo y desconfiado que impactó con su conducta en los primeros resultados electorales. Esto provocó un giro radical en el discurso y promesas de campaña.

Ya nadie discute que los chilenos y chilenas han tenido un cambio profundo desde el retorno de la democracia. Y es que, precisamente, las exitosas políticas públicas instaladas desde entonces han resultado en un ciudadano emergente, con mayores oportunidades de educación, mayor acceso al consumo, conciente de sus derechos y celoso de sus libertades. En el Chile de hoy, las personas demandan de sus gobernantes las mejores condiciones para alcanzar su propio desarrollo personal y, por cierto, nadie está disponible para que le digan cómo debe vivir su vida.

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No obstante, muchos de quienes han experimentado la movilidad social y que han tenido acceso a nuevas oportunidades, constituyen una gran mayoría de clase media precaria, que convive con el temor de perder lo logrado ante cualquier cambio en sus condiciones de vida: desempleo, graves enfermedades u otro imprevisto. Para esta parte importante de la población, los avances en protección social y otras garantías constituyen derechos adquiridos, que no están dispuestos a transar, ni siquiera tras la promesa de un mayor crecimiento que, finalmente, no está garantizado que llegue a los hogares.

Por ello, el anuncio de poner lo social en el centro de la acción gubernamental, constituye el gran desafío para la Administración Piñera, que ha declarado tener intenciones de entregar, en cuatro años más, la banda presidencial a alguien del sector. Especialmente, por representar a una coalición de gobierno cuya prioridad histórica ha estado centrada en el crecimiento económico y que, además, tiende a defender la mantención legal de enclaves conservadores en lo valórico, muy distintos a lo que se han ido instalando como libertades personales básicas en la sociedad chilena actual. ¿Cuáles son las dificultades que se avizoran en este camino?

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- Además de un Parlamento muy diverso y donde el Gobierno tiene minoría en ambas Cámaras, la propia derecha expresa distintas sensibilidades en su interior. Coexisten una derecha radical, representada por José Antonio Kast, con una derecha liberal que lidera Felipe Kast y Evopoli; otra de corte más populista, que encabeza Manuel José Ossandón. A esto se suma la expresión de la derecha tradicional, donde se ubican RN y la UDI. En suma, existen en el sector gobernante opiniones muy distintas en diversos temas, que incluyen la mirada respecto de los aspectos sociales y las prioridades para un gobierno. El Presidente Piñera deberá lidiar con estas diferencias, incluso antes de conversar con la oposición para alcanzar acuerdos. Lo contrario abriría el camino a una dispersión de las fuerzas propias, que ya sabemos cómo termina.

 

- El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció un cambio en la Reforma Tributaria aprobada durante la segunda Administración Bachelet, que contempla – entre otros – una rebaja a los impuestos de las grandes empresas. Es evidente que la autoridad precisa hacer un guiño a un sector sin el cual resulta complejo planificar un giro importante de la economía y un aumento significativo de la inversión, independiente de las mejores condiciones económicas a nivel global. No obstante, en el sentido común de las personas está más que instalado que resulta de toda justicia que quienes más ganan aporten en mayor medida a las arcas fiscales. Este es un tema en el cual dificilmente el gobierno encontrará espacio para llegar a acuerdos con la oposición. A pesar del argumento del Ministro de Hacienda, sobre la “suma cero” de esta medida considerando el alza en otras áreas impositivas, además de viabilizar los proyectos con sello social optimizando los recursos, lo cierto es que la señal política es, a lo menos, confusa. La iniciativa no se condice con una derecha que promete marcar la diferencia y “emparejar la cancha” en favor de la población más vulnerable.

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- Otro tanto está sucediendo en Educación. La gratuidad y el fin al lucro hicieron carne en la sociedad chilena. No obstante, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sancionaría como “invalidada por forma” la iniciativa que pone fin al lucro en instituciones de Educación Superior. El TC califica la norma con rango constitucional, lo cual exige un quorum mayor al que tuvo en su aprobación. El hecho despertó duras críticas desde la oposición, puesto que con ello se destruye la esencia de la Reforma Educacional impulsada por Bachelet. Diversas voces se vuelven a levantar solicitando al Ejecutivo impulsar reformas que limiten el rol del Tribunal, cuya participación resulta, en la práctica, una suerte de “tercera cámara pàrlamentaria”. Se pone aquí en juego, por una parte, la voluntad de mantener el diálogo anunciado, para un Gobierno cuya minoría parlamentaria le obliga a conversar. Y, por otra, en un tema sensible para una población que ya ha internalizado la idea de una Educación Gratuita y de Calidad como un derecho constitucional. La posición que entregue el Ejecutivo dará una señal política inequívoca y ella debiera ser coherente con la idea del sello social.

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- La defensa de los consumidores y el rol del SERNAC como el organismo al cual pueden recurrir quienes sienten vulnerados sus derechos en este ámbito se enmarca en uno de los cambios más profundos que observamos en la sociedad chilena de hoy. Ya no hay margen para que la ciudadanía tolere abusos de ninguna índole y el SERNAC se ha hecho acreedor de la confianza de los chilenos como un organismo que los protege y al que poder acudir. En un imprevisto respecto de la agenda legislativa programada, el Ejecutivo esperará la revisión que está efectuando la Contraloría a la Reforma del SERNAC para hacer correcciones, en particular sobre su facultad sancionatoria que impugnó el TC. Las acciones del Gobierno en este sentido también entran en un campo delicado, por cuanto requerirá de gran determinación y pericia política del Presidente Piñera, para entregar una señal que compatibilice las inquietudes del mundo empresarial y del comercio con la legítima preocupación ciudadana sobre quien defiende finalmente sus derechos.

 

- En otras palabras, pareciera no bastar con la integración del Ministerio de Desarrollo Social al Comité Político. Es solo un primer paso, una señal. La acertada lectura de la sociedad chilena que realizó la derecha para la segunda vuelta y la declaración de querer implementar un gobierno con sello social - el que sería inédito en Chile – es, por ahora, un boceto que solo tomará forma y color en la medida de las acciones que determine el Presidente.