Por Ignacio Imas, gerente asuntos públicos Imaginaccion

Ex Ante / Columna de opinión 

26 de diciembre 2024

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Este desenlace es el fracaso de una generación que, al llegar al poder, mostró una desconexión alarmante con la realidad. La retórica de ruptura con las generaciones anteriores, por creen que eran moralmente superiores, se ha demostrado insostenible ante las complejidades del ejercicio del poder.

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Por más de una década, la reforma al sistema de pensiones ha sido una de las principales deudas de la política chilena. Las promesas incumplidas de tres administraciones consecutivas, combinadas con diagnósticos técnicos claros y un creciente malestar ciudadano, han generado una sensación de urgencia que, paradójicamente, no ha logrado traducirse en soluciones concretas.

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El estallido social de octubre de 2019 puso este tema en el centro del debate público, exigiendo respuestas inmediatas y estructurales. Sin embargo, a casi cinco años de esas manifestaciones masivas, seguimos sin avances sustanciales.

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Las razones son múltiples. Por un lado, existe un consenso general en torno a ciertas medidas clave: aumentar la cotización previsional, modificar la edad de jubilación, fortalecer la Pensión Garantizada Universal (PGU) y ampliar el universo de beneficiarios. Pero, como suele decirse, “el diablo está en los detalles”.

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Estas áreas de aparente acuerdo rápidamente se convierten en focos de tensiones ideológicas y técnicas cuando se transforman en propuestas legislativas. Este debate, profundamente polarizado, ha impedido alcanzar un consenso duradero.

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La elección de Gabriel Boric como presidente marcó un momento de quiebre. Su llegada al poder fue vista como un reflejo de las demandas ciudadanas por un cambio profundo. Un país cansado de su elite tradicional, crítico de las estructuras vigentes, eligió a un líder joven que prometía un enfoque renovador.

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Dentro de su programa de gobierno, la reforma previsional ocupó un lugar central, con propuestas ambiciosas como el fortalecimiento del rol estatal y la introducción de un pilar de reparto. Estas ideas, inspiradas en modelos europeos, buscaban una transformación estructural del sistema de pensiones.

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Sin embargo, desde un principio quedó claro que esta visión no estaba alineada con las prioridades del Congreso ni con la percepción cambiante de la ciudadanía. Aunque se mantenía parte de su visión crítica hacia las AFP, el apoyo a la capitalización individual comenzó a ganar terreno, reflejando un reconocimiento de sus beneficios en términos de ahorro personal y propiedad sobre los fondos.

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Este cambio en la opinión pública fue desestimado por el gobierno, que presentó un proyecto de ley alineado con su visión original, pero desconectado de las dinámicas sociales y políticas del momento.

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El proyecto previsional del gobierno no tardó en encontrarse con la resistencia del Congreso. Las fuerzas opositoras, fortalecidas por las divisiones internas de la coalición oficialista, rechazaron las propuestas de mayor intervención estatal y cambios drásticos al sistema actual. Esto obligó al Ejecutivo a realizar concesiones significativas, abandonando varios de sus pilares programáticos.

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Ahora, a menos de un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el gobierno busca desesperadamente un acuerdo que parece alejarse cada vez más de sus ideas originales.

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El acuerdo previsional que está sobre la mesa representa una derrota política evidente para la administración de Boric. Aunque nos intenten decir que se tratará de una victoria para la actual gestión, será claramente su principal derrota. En lugar de la transformación prometida, el sistema se consolidará más que nunca.

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Las propuestas actuales son incluso más conservadoras que las discutidas en administraciones anteriores. El segundo gobierno de Sebastián Piñera planteó una cotización adicional dividida en 3% para el empleador y 3% para un fondo común; hoy se discute una proporción de 5% para cuentas individuales y solo 1% para solidaridad.

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Asimismo, los cambios estructurales a la industria de las AFP han sido diluidos hasta volverse insignificantes, y la creación de una institucionalidad pública para administrar los fondos parece haber sido descartada.

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Este desenlace es el fracaso de una generación política que, al llegar al poder, mostró una desconexión alarmante con la realidad. La retórica de ruptura con las generaciones anteriores, alimentada por la creencia de que eran moralmente superiores, se ha demostrado insostenible frente a las complejidades del ejercicio del poder.

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La falta de pragmatismo y la incapacidad de construir consensos han llevado a una serie de fracasos en múltiples áreas, desde la reforma tributaria hasta el control de la agenda legislativa.

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El caso previsional es particularmente simbólico. Boric y su coalición, que en su momento criticaron el proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet por considerarlo insuficiente, podrían terminar aprobando un acuerdo que es incluso más conservador que esa propuesta. Este giro refuerza la percepción de que su administración carece de una visión estratégica coherente.

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Si este acuerdo previsional no se concreta, además, el gobierno de Boric podría pasar a la historia como el primero desde el retorno a la democracia sin un legado significativo. Mientras las administraciones anteriores lograron avances en áreas como la salud, la educación y otros, esta gestión parece destinada a ser recordada por su incapacidad para materializar sus promesas. Tal vez la mayor enseñanza que deje este gobierno para las futuras generaciones de líderes políticos sea que el idealismo, sin pragmatismo, es una receta para el fracaso.