Un imperativo entonces es implementar mecanismos que permitan llegar antes que los hechos de corrupción estallen, y revisar cómo funcionan los actuales sistemas de control que, a la luz de los hechos descritos, dejan harto que desear.

La labor de la prensa es un aporte vital a la salud de la democracia. Una de sus funciones centrales es “tocar la campana” y alertar ante fallas de las instituciones. Desde hace un tiempo, los medios han levantado una poderosa señal de alerta sobre una de las instituciones más cercanas a la ciudadanía: los municipios.

Hace ya dos años que en Imaginaccion venimos realizando un Observatorio de Prensa de Corrupción Municipal, con el propósito de sintetizar los hallazgos de los medios en esta materia y, por cierto, contabilizar el derroche de recursos públicos en desmedro de una ciudadanía que demanda servicios públicos de calidad, atención oportuna y mantenimiento de la ciudad, con servicios esenciales como la recolección de basura, demarcación de calles, señalética vial, entre otros.

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Resulta entonces un escándalo que, en 478 notas de prensa publicadas sobre este tema en un año, nos encontremos con casi $144 mil millones en denuncias de delitos tales como fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Más preocupante aun cuando vemos que las autoridades o ex autoridades de 44 de los 346 municipios del país –en los que viven cuatro millones y medios de personas- han sido investigadas, formalizadas o condenadas por actos de corrupción.

En el año analizado, observamos que el fenómeno trasciende a las autoridades, es transversal políticamente e incluye ahora a funcionarios que realizan prácticas ilícitas en beneficio personal. Me refiero al escándalo generado por la denuncia de la Contraloría General de la República en torno al mal uso de licencias médicas. Fueron más de veinte mil las licencias fraudulentas que afectan a trecientos treinta instituciones municipales, entre municipios y corporaciones.

En el curso de la revisión de la prensa, nos alertó que aparecen en este recuento otros actores institucionales, que no fueron contabilizados en nuestro análisis, tales como gobernadores, diputados, ministros de corte e integrantes de las fuerzas armadas. Esto es un campanazo de alerta que la prensa nos pone y que debe ser abordado como un tema país, especialmente en un período electoral.

 

La corrupción se está enquistando.

Así las cosas, y considerando la proximidad de las elecciones presidenciales, vale la pena preguntar quién pondrá orden en las finanzas públicas, en el uso de recursos y en administraciones locales, ya que a la luz de los resultados del Observatorio resulta imperativo contar con mayor control interno y externo para evitar la sangría interminable de recursos públicos dilapidados.
Dado que estas prácticas de corrupción se repiten año a año, cabe preguntarse si están preparadas estas instituciones para gestionar un sinfín de competencias que el Estado les transfiere, o si existe un control real sobre la ejecución de los presupuestos municipales. Debemos exigir respuesta a estas interrogantes considerando que solo en un año los montos defraudados equivalen a la realización de tres teletones o al pago doscientos setenta y tres mil sueldos mínimos.

Un imperativo entonces es implementar mecanismos que permitan llegar antes que los hechos de corrupción estallen, y revisar cómo funcionan los actuales sistemas de control que, a la luz de los hechos descritos, dejan harto que desear.