14 septiembre, 2018

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¿Cómo se explica que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín -que es miembro del Comité político y que, por ende, comparte decisiones en esa instancia con el Presidente-, señale un día que no hay dinero para construir el Hospital Sótero del Río y que al día siguiente el propio Primer Mandatario le enmiende la plana señalando que dicho Hospital si se construirá? O, ¿cómo entender la presentación del Comando Jungla que entrega una clara señal policial para enfrentar el problema de la Araucanía, en un contexto en el que el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, hacía ingentes esfuerzos por abrir espacios para el diálogo en la búsqueda de una salida política? La respuesta a ésta y otras preguntas, como la razón por la que el Presidente encabeza operativos policiales en las noches en lugares de Santiago, solo es posible encontrarla en la práctica de seguimiento de los estudios de opinión, hoy fortalecidos por los datos que arroja la medición de tendencias en las redes sociales.

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El sistema que está usando el Gobierno, conocido como Big-Data, es el ingreso a un incipiente manejo de los datos de los usuarios de redes digitales quienes, por cierto, no tienen idea de que sus intervenciones, likes o preguntas sirven para detectar posibles tendencias, aspiraciones y expectativas y construir perfiles.

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No cabe duda que en nuestro días la búsqueda de mayores certezas en la medición de principios, conductas, gustos, ideas y de lo cambios en los comportamientos de los ciudadanos se ha ido transformando en una suerte de obsesión en instituciones privadas y públicas. Ello, especialmente, luego de que las encuestas de opinión pública mostraran niveles de incerteza en sus resultados.

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Sin embargo, a contrapelo del extraordinario servicio y aporte que significa el procesamiento masivo de datos para el mejoramiento de servicios como en el área de la salud pública, el transporte y el urbanismo, hay otra áreas como el marketing o la política en donde el Big-Data permite almacenar y procesar inmensas cantidades de datos que hacen posible determinar variables demográfica, productos, competencia, preferencia y comportamientos.

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Es en este contexto donde la ya conocida empresa inglesa, Cambridge Analytica desarrolló su labor apuntando a cambiar el comportamiento de las audiencias ya en el 2016 cuando Barack Obama obtuvo un triunfo contundente con una mayoría de voto popular que no se registraba desde Franklin, Roosevelt, en 1944. En esa época, apenas se conocía el Big-Data en la política y menos aún, el uso contundente que podía tener el sistema en las elecciones. Así también, en la elección de Trump, Cambridge Analytica se transformó en factor decisivo, pero también en un escándalo público al detectarse que se había usado datos privados de usuarios de la plataforma de Facebook. A partir de allí, se han producido situaciones similares en Brasil, México y Argentina, donde se investiga la forma en que se podría haber tenido acceso al uso de bancos de datos personales que permiten establecer tendencias predictivas y detectar variaciones de la conducta.

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En cualquier caso, el uso del Big-Data en la política y particularmente en las elecciones permite mejorar propuestas, segmentar a lo votantes y, por sobre todo, reducir costos debido a que, con la identificación de nichos más específicos, se pueden realizar campañas personalizadas orientando los recursos a los segmentos de votantes más indecisos.

En última instancia, el objetivo final de las empresas que procesan datos masivos apunta a detectar los intereses y expectativas, utilizar sus resultados para actuar sobre la base de estas realidades y eventualmente cambiar el comportamiento de las audiencias.

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Por lo tanto, la tecnologización y digitalización masiva de los datos sin duda significa un tremendo avance cuando se aplica a distintas áreas que requieren registro y procesamiento de información, así como una rápida solución de aquellas demandas que se acumulan sin resolverse por falta de sistematización de los antecedentes.

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Probablemente, el punto de discusión seguirá siendo la aplicación de estos sistemas en la política. No tanto por los beneficios que implica su uso para la optimización de los trabajos de un gobierno o en las elecciones, sino más bien por el lugar o la forma desde donde se obtengan los antecedentes que se procesan y el uso que se les dé.

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Como en otros casos, la Ley 19.628 prohíbe explícitamente el acceso a estos datos con fines políticos, sin embargo, la fiscalización y regulación es escasa y permite que los bancos de información que existen en instituciones y empresas sean muchas veces utilizados para otras instancias. En síntesis, la discusión real está dada por el respeto que la ley debe garantizar a la privacidad y reserva de la información personal y de la capacidad que tengan las instituciones del Estado para garantizar el cumplimiento de ella. Es de esperar que en el caso chileno se avance en el resguardo de la privacidad de cada ciudadano, más allá de lo importante y positivo que pueda resultar la incorporación de las nuevas tecnologías para el avance y desarrollo del país.

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Con todo, y más allá de consideraciones tecnológicas o legales, bien vale recordar que la comunicación política es una disciplina en la que una de sus partes es la evaluación de las tendencias que indican los estudios cuantitativos y cualitativos. Otra es la capacidad que se tenga de co-relacionar esos datos estadísticos con la proyección y evaluación de los fenómenos políticos, que es lo que finalmente determina la posibilidad de éxito en esta área. Sino, baste ver lo que le ha ocurrido al Gobierno en las últimas semanas en las que, más allá de lo que pueda arrojar cualquier dato de encuestas, ha tenido iniciativas que han resultado mal evaluadas por la ciudadanía y tomado decisiones que, contra lo que seguramente se proponía el Ejecutivo, han logrado lo que parecía imposible: unificar a la oposición.