Megarreforma: ¿Cuáles son los incentivos para lograr acuerdos en el Senado?

Por Ignacio Imas, gerente asuntos públicos Imaginaccion

Ex - Antes / Columna de opinión 

21de mayo 2026

​

Más allá de las legítimas visiones ideológicas, que son propias de las diferencias normales en política, lo verdaderamente relevante es que el país necesita de una clase política que revalorice el diálogo, promueva políticas con estabilidad institucional y, en definitiva, que proyecte una imagen capaz de dar respuestas concretas a la sociedad que gobierna.

El Proyecto de Reconstrucción Nacional ha sido aprobado con una holgura notable en la Cámara. Este hito se traduce de forma directa como una victoria política innegable para el Gobierno del Presidente Kast. Lograr tramitar un proyecto de esas dimensiones variopinto y estructural en poco más de un mes es, sin duda, un éxito completo.

Sin embargo, la experiencia nos advierte reiteradamente que la eficacia legislativa no siempre es sinónimo de solidez institucional a largo plazo. La realidad objetiva es que el trámite estuvo lejos de ser inmaculado, ya que tuvo evidentes ripios que merecen un análisis más profundo. 

La advertencia está en que resulta preocupante la relación que la actual administración establece con sus contrapesos técnicos. En primer lugar, durante el debate surgieron severas advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y la Corte Suprema.

Si bien es cierto que las dos primeras instituciones han dicho que el proyecto va en una dirección correcta, hicieron una advertencia de vital importancia respecto a los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal del Estado. Por su parte, el Poder Judicial formuló un diagnóstico alertando sobre el rol específico que jugaría el Estado en el sistema de permisos. Esto en lo que respecta a lo técnico. 

A nivel político, la mayor aprensión podría estar puesta en el tipo de negociación transaccional que llevó a cabo el Ejecutivo. En un escenario fragmentado, se optó pragmáticamente por asegurar los votos del Partido de la Gente. Esta decisión expuso una profunda vulnerabilidad institucional, ya que este partido, previo al comienzo de la votación, amenazó con retirar su apoyo, y el día anterior a la Sala decidió por dar libertad de acción a sus diputados.

Esta dinámica instaura la amenaza permanente como un mecanismo validado de negociación. Con todo este escenario a cuestas, el Ejecutivo llevó a cabo el trámite de manera inquebrantable porque contaba con una mayoría necesaria, omitiendo las objeciones del plano técnico y buscando afanosamente alternativas para subsanar lo político. Cabe preguntarse, el por qué la insistencia de esta estrategia.

Si hacemos el ejercicio desde el “deber ser”, resulta evidente que deberíamos buscar que una reforma de esta envergadura tenga la mayor amplitud de respaldo posible. La transversalidad en el consenso, le garantiza a cualquier política pública una resiliencia y estabilidad de largo plazo, y ayuda a no generar incentivos perversos para que una futura administración con una mayoría espuria logre cambiar o desmantelar los cambios realizados con esta megarreforma. 

Ahora, si somos críticos con la actual administración es imposible no serlo con la oposición de izquierdas. Si analizamos la estrategia desplegada por ellos, la conclusión debería ser lapidaria: están profundamente al debe. El fracaso estaba cantado desde el inicio del proceso legislativo; la pésima negociación de las Comisiones, gatillada por la descoordinación estructural y el egoísmo, llevó a que conformaran mayorías de derechas. Con este telón de fondo, era evidente lo que ocurriría en la votación. 

Atrapados por la política del espectáculo, los diputados opositores priorizaron la estética sobre la táctica legislativa. Se llenaron de cuñas estridentes diseñadas para las redes sociales y la prensa, y buscaron impulsar un “tsunami” de indicaciones que todos sabíamos de antemano que no tendrían un derrotero satisfactorio. Frente a esta derrota, en el debate de la Cámara se escuchó y repitió como un mantra de consuelo la frase: “en el Senado se arregla o mejora el proyecto”. 

Sin embargo, la gran pregunta de fondo es inexorable: ¿cuáles son los incentivos reales de uno y otro lado para lograr tales acuerdos?. Veamos el escenario base de esta partida de ajedrez político. El Gobierno logró pasar casi la totalidad del proyecto al segundo trámite, dejando sobre la mesa temas en los que incluso el Ejecutivo podría decidir no insistir, pero esa es una historia por contarse aún. Los esfuerzos que deben hacer son bajos, sólo necesita de asegurar la lealtad de sus propios legisladores y rescatar apenas un par de voluntades adicionales para asegurar que esto sea Ley. 

Por lo tanto, la flexibilidad gubernamental sería mínima. Si no fuera porque senadores de Chile Vamos presionen internamente, o por la mera voluntad política del ministro Jorge Quiroz o del propio presidente José Antonio Kast, no existen razones para abrir la negociación a tal punto de generar problemas para volver el trámite expedito para estar listo al deadline del próximo presupuesto. En la vereda opositora la lógica es la misma. Teniendo en cuenta que el Gobierno no necesita flexibilizar en el grado que ellos pedirán, los incentivos de las izquierdas están alineados para mostrarse duros, e insistir en el relato comunicacional que han logrado cierto éxito: que este proyecto beneficia a los empresarios y a los de mayores ingresos. 

En resumen, los incentivos para sentarse a una mesa y concordar puntos son dramáticamente bajos. Es previsible que, al finalizar el proceso, de lado y lado podrán decirnos que fue el otro el responsable de no lograr acuerdos que conviertan estos cambios importantes en la institucionalidad tributaria, ambiental, laboral y otras materias. 

Pero más allá de las legítimas visiones ideológicas, que son propias de las diferencias normales en política, lo verdaderamente relevante es que el país necesita de una clase política que revalorice el diálogo, promueva políticas con estabilidad institucional y, en definitiva, que proyecte una imagen capaz de dar respuestas concretas a la sociedad que gobierna.

Cuando el sistema político claudica en su capacidad de generar grandes consensos, muestra signos evidentes de vulnerabilidad, dejando a la democracia peligrosamente tentada con figuras y narrativas populistas que prometen soluciones fáciles frente a la polarización. Asimismo, proyecta una imagen de inestabilidad, y posible futuras revanchas.