Gobernar, en suma, requiere mucho más que consolidar las mayorías parlamentarias disponibles: exige eficacia en la gestión, sensibilidad ante la incertidumbre ciudadana y la vocación permanente de poner límites a la diferencia para construir acuerdos de Estado.

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Un gobierno poderoso e impopular.

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La reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Reconstrucción -la denominada Megarreforma del gobierno de José Antonio Kast- es una oportunidad para examinar la naturaleza real del poder político en el Chile actual. El Gobierno ha demostrado dónde reside su fortaleza. Al consolidar la aprobación de esta iniciativa con sus propios votos en ambas cámaras, dejó en evidencia aquello que lo hace poderoso: que cuenta con una mayoría suficiente para hacer prevalecer sus prioridades en el Congreso. Dicha mayoría desmonta las dudas sobre su capacidad de articulación parlamentaria y desmiente predicciones de una mayoría frágil especialmente en el Senado. 

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Este resultado muestra a un Ejecutivo con poder real para gobernar. Sin embargo, ese poder legislativo convive con un escenario de marcada impopularidad, evidenciada en todas las encuestas.

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Esta dualidad, un Gobierno poderoso en aguas institucionales, pero débil en la aprobación ciudadana, entraña riesgos profundos para la gobernabilidad. Como la experiencia demuestra, cuando las encuestas castigan a una administración, la disciplina de su propia coalición se erosiona y los incentivos para la disidencia interna se multiplican. Por otra parte, la euforia por la victoria legislativa no logra permear a una sociedad que no está polarizada en bandos ideológicos, sino agobiada por el pesimismo, la incertidumbre económica y el deterioro del bienestar diario.

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Conviene, por tanto, evitar las lecturas grandilocuentes. La Megarreforma no constituye una refundación de las bases del país, sino que es, en lo esencial, una reforma tributaria orientada a incentivar inversiones y generar crecimiento, asumiendo los costos de un déficit fiscal de corto plazo, ni más, ni menos. No hay tras esta ley una agenda refundacional de gran calado en otras áreas. La promesa de que “todo lo demás vendrá por añadidura” resulta insuficiente si no existe una visión de largo plazo que reoriente las prioridades del Estado.

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Pudimos ser náufragos, pero fuimos gobernantes.

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Al mismo tiempo, la victoria oficialista expone la compleja derrota de la oposición. Al marginarse de la búsqueda de acuerdos sustantivos en la gran reforma del Ejecutivo, las fuerzas opositoras han quedado fuera de la cancha legislativa.

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Renunciar a la construcción de consensos por preservar una posición de trinchera puede rendir dividendos efímeros, pero acarrea un costo severo para la propia capacidad de gobernar en el futuro. 

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La política real exige aprender la diferencia entre la deriva del náufrago y la conducción del navegante.

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El reto de nuestro tiempo consistió precisamente en rescatar la cultura del entendimiento sin exigir la renuncia a los ideales propios. Se trataba de sostener las convicciones con firmeza, pero sabiendo poner un límite a las diferencias, como enseñaba el maestro Edgardo Boeninger, el arquitecto de la transición chilena. Las divergencias en democracia nunca son totales ni insalvables; encontrar ese marco de contención mutua es lo que distingue a una política con sentido de Estado de la mera confrontación. 

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La gestión tiene la última palabra a la hora del balance.

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La construcción de mayorías legislativas, por sustantivas y necesarias que parezcan, no agota el desempeño de un gobierno. Es en el terreno de la gestión donde los triunfos legislativos se ponen a prueba. Es justamente en la gestión diaria del Estado donde se juega la delgada línea entre el éxito de las políticas públicas y la mediocridad.  Observo una gestión pública rezagada, 28 seremis recién nombrados han salido, hay ministerios que operan con torpeza. En suma, la diferencia entre un buen gobierno y uno mediocre es la capacidad de gestión solvente del Estado.

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Una gestión pública paralizada, ministerios trabados y la rotación incesante de autoridades regionales evidencian que el poder para aprobar leyes no reemplaza la capacidad técnica para ejecutar las políticas públicas.

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¿La derecha de siempre o la extrema derecha?

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En el núcleo de esta administración conviven almas diversas tanto en la búsqueda de acuerdos como en poner la gestión en el centro: hay un sector con una pulsión identitaria reticente a los acuerdos y, por otro lado, altas autoridades del gabinete con una larga trayectoria en la construcción de ellos. Estos días se ha evidenciado la existencia de un núcleo republicano de tono refundacional, cuyo corazón es reticente a las concesiones, que coexisten con ministros más pragmáticos y acostumbrados a los acuerdos como lo son Claudio Alvarado y José García Ruminot.

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Los hitos legislativos, aun los más celebrados, quedan ahora expuestos al escrutinio institucional -como ocurre con las reservas de inconstitucionalidad planteadas ante el Tribunal Constitucional- y por otro lado, no bastan estas leyes recién aprobadas para producir por si solas un cambio en la vida de las personas.

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¿Cómo resolverá el Tribunal Constitucional los requerimientos de inconstitucionalidad? Cuando el Tribunal acogió el requerimiento de inconstitucionalidad para las escuelas públicas, fue determinante el voto dirimente de la presidenta de turno, más identificada de izquierda. El actual requerimiento será examinado por un tribunal que ha cambiado a su presidenta por una más identificada con las posiciones del gobierno.

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¿Será ese voto dirimente decisivo para aprobar o rechazar el requerimiento? Podría haber dudas entonces de la independencia efectiva  del TC.

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Por último, no puedo dejar de referirme al manejo internacional del gobierno, en particular en su decisión de mantener una relación privilegiada con Estados Unidos. En el caso de la imposición unilateral de aranceles, esta opción propició un traspié diplomático que sugiere que la estrategia de alineamiento con Trump no rindió los frutos esperados. Chile recibe el mismo trato que el gobierno anterior. 

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Gobernar, en suma, requiere mucho más que consolidar las mayorías parlamentarias disponibles: exige eficacia en la gestión, sensibilidad ante la incertidumbre ciudadana y la vocación permanente de poner límites a la diferencia para construir acuerdos de Estado.