La comunidad en Chile ha ido adquiriendo cada vez más relevancia a la hora de decidir acerca del uso del espacio y el territorio. No es casualidad lo que ha pasado con una serie de proyectos eléctricos y con inversiones inmobiliarias significativas, las que no se han podido realizar  o han retrasado y encarecido su ejecución como consecuencia de manifestaciones ciudadanas de diferente naturaleza. Tampoco es casualidad que el Senador Longueira procure zanjar un punto en que la derecha siempre ha sido reactiva, como es el cederle territorio a Bolivia a través de una modalidad participativa, como sería un plebiscito al respecto.
 
Este proceso se irá profundizando cada vez más, al punto que será cada vez menos posible pensar en realizar mega proyectos de inversión sin contemplar el parecer de la comunidad  que se ve directamente afectada por esas intervenciones.
 
En consecuencia, anticipar  las reacciones de las comunidades relacionadas con los territorios a intervenir parece ser una exigencia que será cada vez más necesaria a la hora de pensar en llevar a cabo proyectos de envergadura. En caso contrario el proponente del proyecto se verá expuesto a:

a. Las manifestaciones de grupos ambientalistas y retardatarios,  en representación de la comunidad 

b. Expresiones en contra del proponente que no hacen sino desvalorizar su aporte como desarrollador de iniciativas productivas y de servicios, en general

c. Retrasos en la ejecución de los proyectos

d. Encarecimiento de los proyectos por medidas compensatorias no consideradas

e. Dificultad para la aprobación de los requerimientos administrativos para llevar adelante el proyecto

f. Sugerencias de última hora que inviabilzan la  iniciativa

g. En definitiva, a demoras, encarecimientos y desprestigio que en nada contribuyen a la identidad de los desarrolladores en el país.

 
El origen de las divergencias entre los proponentes de proyectos y las comunidades afectadas no es casual.  Es la consecuencia de la discrepancia natural que puede producirse entre proyectos que contribuyen a resolver problemas de carácter nacional y los efectos negativos que estos pueden traer a quienes se ven directamente afectados.

Durante muchos años el Gobierno actuó como agente dirimente, en tanto se consideraba que,  dado que la comunidad había delegado en éste sus aspiraciones de crecimiento, desarrollo y defensa del bien común, era este el que debía decidir entre el bien general y el bien particular. En este sentido, bastaba un gobierno más “pro empresario” para que el conflicto quedara inmediatamente resuelto. Da la impresión que esto ya no es tan así. Ahora no basta con la disposición del gobierno sino se requiere también cierto consenso a nivel de la comunidad para llevar adelante proyectos complejos.

Es posible que el empresariado nacional todavía se resista a comprender este fenómeno. En la medida que asume que su función es identificar oportunidades, hacer frente a los riesgos de desarrollarlas, dar empleo y agregar valor, entiende que su papel lo ha cumplido a plenitud; es labor del gobierno generar las condiciones para que esto pueda hacerse realidad. Para ellos,  la comunidad no comprende la  función que cumplen, no valora el hecho de que asume riesgos, debiera agradecerles por el sólo hecho de dar empleo y de permitir que, en general, el país sea más rico. Los alegatos, sostienen, son fruto de esa incomprensión, muchas veces resultados de la ignorancia, de visiones restringidas y excesivamente conservadoras, y muchas veces, fruto de la agitación política. No les corresponde a ellos neutralizar los efectos negativos sobre el proceso de inversión.

En la medida que las sociedades se democratizan y que la ocupación principal de las administraciones sea hacer llegar los frutos del bienestar a cada uno de los ciudadanos en forma cada vez más eficiente y próxima, la disposición de los gobiernos frente a las manifestaciones de la comunidad por los efectos negativos de proyectos será creciente.

Finalmente, la aprobación de la gestión de una administración se verá por los grandes resultados, los que tienen su propia dinámica, pero también por cómo cada individuo es capaz de percibir esos resultados en función de sus intereses particulares. En consecuencia, la administración será más sensible a las manifestaciones ciudadanas en relación a los efectos negativos de los proyectos, en desmedro de los efectos positivos  que esos mismos trabajos pudiesen generar para el desarrollo nacional.

En este contexto, anticipar las demandas ciudadanas frente a un proyecto  de envergadura que tenga implicancias en las formas de vida de los habitantes de su entorno inmediato y de usuarios esporádicos de ese espacio modificado, es fundamental. El conocimiento de ese entorno, de las poblaciones comprometidas y de sus aspiraciones, de los visitantes esporádicos y de las actividades que desempeñan, permitirá neutralizar los liderazgos oportunistas e incorporar al proyecto condiciones de compensación que se adecuen a lo que esas comunidades aspiran y no quedarse en ofertas genéricas que finalmente no sirven. Para esto es fundamental que quienes promueven proyectos de inversión de envergadura asuman que ese proyecto produce cambios en el entorno que no tienen por que ser transferidos al resto de la sociedad,  sino deben ser internalizados como consecuencias de ese proyecto.